Casos de Derecho Internacional Público Americano

LAS ISLAS MALVINAS
Las islas Malvinas (en inglés, Falkland Islands) constituyen un archipiélago situado en el océano Atlántico Sur en la plataforma continental de América del Sur. Se hallan rodeadas por el mar epicontinental que Argentina denomina mar Argentino, a 464 km al este del continente —el punto más próximo es el cabo Guardián, Santa Cruz—, a 341 km al noreste de la isla de los Estados, a 1080 km al oeste de las islas Georgias del Sur y a 940 km al norte de la isla Elefante en la Antártida.

as islas, que pertenecían a España, pasaron por derecho de sucesión a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, denominación inicial de la República Argentina. Esta, en reafirmación de sus derechos, tomó formal posesión de las mismas el 6 de noviembre de 1820, en que el Coronel de Marina David Jewett, comandante de la nave "HEROINA", izó el pabellón azul y blanco en las ruinas de Puerto Soledad (ex puerto San Luis). Para esta acción, la fragata tenía. Prerrogativas de "buque del Estado argentino".  La ocupación de las Islas Malvinas se hizo con toda seriedad.

Lo descrito anteriormente es la base de los derechos argentinos en lo histórico y en lo jurídico, por ser herederos y continuadores de las posesiones insulares españolas del Atlántico Sur.  Es oportuno destacar que cuando los piratas británicos usurparon las Islas en enero de 1833 había población argentina. Sus habitantes fueron tomados prisioneros y desembarcados en Montevideo. Poco más tarde llegaron los primeros Kelpers que se asentaron sobre territorios confiscados a sus primitivos y legítimos ocupantes. Otro antecedente que ilustra que fuimos expulsados de Malvinas lo recuerda la rebelión del Gaucho Rivero en Agosto de 1833, secundado por criollos e indígenas argentinos. La resistencia culminó en enero de 1834.

Desde la usurpación de 1833, perpetrada por los ingleses en las Islas Malvinas, como es natural, la Argentina no ha cesado en sus reclamos y protestas que, si bien fueron a lo largo de 150 años, materialmente infructuosas, sostuvieron siempre, jurídica y moralmente nuestra actitud de lucha por la no aceptación de la violación a nuestros derechos, y el enjuiciamiento que de ello surge y que la razón y el honor imponen.

La causa fundamental del conflicto armado ocurrido entre la Argentina e Inglaterra de 1982, se remonta a la usurpación británica de las Islas en 1833. En ese año, se expulsa a la población local, y se la reemplaza por otra, los llamados kelpers.  Durante casi ciento cincuenta años, la Argentina produce constantes reclamos diplomáticos, sin resultados concretos. El conflicto tuvo avances y retrocesos, pero nunca se llegó al reconocimiento esperado por nuestro país. Durante largos años la Argentina proveyó de importantes elementos de supervivencia a la población residente en las Islas, con el ánimo de ganarse su confianza y buena voluntad, sin resultados visibles.

Tras 149 años de administración británica ininterrumpida, fuerzas militares argentinas invadieron y ocuparon las Malvinas el 2 de abril de 1982. El gobierno británico respondió con el envío de una fuerza naval que desembarcó seis semanas más tarde y después de duros combates forzaron la rendición argentina el 14 de junio de 1982, restableciendo la administración británica sobre las Malvinas.

Después de la guerra, los isleños obtuvieron la plena ciudadanía británica, su estilo de vida fue mejorando por las inversiones que hizo Gran Bretaña y la liberalización de las medidas económicas que habían estado paralizadas para evitar conflictos con Argentina. En 1985, fue promulgada una nueva constitución, la cual dio mayor nivel de autonomía a los isleños. En Argentina, el resultado de la guerra tuvo entre sus efectos evitar definitivamente una eventual guerra con Chile y desencadenó el final de la dictadura militar y el regreso a la democracia. Finalizadas las hostilidades, el gobierno británico prohibió el ingreso de cualquier civil con pasaporte argentino a las Malvinas, pero posteriormente se permitió el ingreso de argentinos con pasaporte de turistas.


Conclusión Panamá cuando se independizó de la gran Colombia
Si bien es cierto que la independencia panameña de España fue un movimiento ajeno a la revolución bolivariana, la unión voluntaria del istmo a la Gran Colombia, en busca de un mejor futuro bajo el liderazgo de Simón Bolívar, fue una decisión tomada por los istmeños en 1821, la cual estuvo marcada por las situaciones adversas vividas en las diferentes repúblicas colombianas como guerras civiles, enfrentamientos políticos y una mala situación económica.

Luego de 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas con un posterior reintegro a Colombia, el fracaso de la construcción del canal por parte de los franceses, la Guerra de los Mil Días trasladada a territorio panameño, el fusilamiento del caudillo liberal Victoriano Lorenzo, el rechazo del senado colombiano al tratado Herrán-Hay para la construcción del canal interoceánico por parte de los Estados Unidos sirven de detonante para un nuevo movimiento separatista liderado por José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero, Carlos Constantino Arosemena, General Nicanor A. De Obarrio, Ricardo Arias, Federico Boyd, Tomás Arias y Manuel Espinosa Batista.

Según algunos historiadores, 27 28 29 30 31 el político istmeño José Agustín Arango conspiró en secreto con inversionistas de Wall Street la preparación del movimiento separatista y conformó una junta revolucionaria clandestina destinada a separar el istmo de la soberanía colombiana, y así poder negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico por Panamá, ya que los Estados Unidos exploraba la posibilidad de la construcción de la vía entre Nicaragua y Costa Rica. 

Por su parte, Manuel Amador Guerrero viajó en secreto a los Estados Unidos en busca de apoyo para el plan. Así mismo, el movimiento obtuvo en Panamá el respaldo de importantes jefes liberales y el apoyo del comandante militar Esteban Huertas, acordándose la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903.


Porque Bolivia no tiene mar
En 1879, Bolivia tuvo que enfrentar una guerra que no buscó con Chile. En la intención de querer defender su territorio pidió ayuda a Perú con quien había firmado un pacto para que ambos países luchen en contra de cualquier amenaza, pero Perú se neutralizó ante el conflicto y Chile terminó también declarándole la guerra el 5 de abril de 1879.  Chile terminó ocupando todo el litoral boliviano y las zonas de Tarapacá, Tacna y Arica que eran del Perú.

Con el Tratado de Ancón, suscrito el 20 de octubre de 1883, Perú le cedió a Chile el territorio de Tarapacá y se determinó realizar un plebiscito para definir la situación de Tacna y Arica, pero luego de la firma Chile desistió del plebiscito y dijo que no le podía dar una salida al mar a Bolivia porque no podía partir el territorio de Tarapacá en dos partes.

El Libro Azul del expresidente de Bolivia e historiador Carlos Mesa indica que el 12 de julio de 1888, el Senado chileno aprobó un proyecto de ley para crear la provincia chilena de Antofagasta, en el territorio correspondiente al departamento del Litoral boliviano. Las autoridades bolivianas protestaron por esta decisión, pero no pudieron hacer nada para evitar la anexión de ese territorio a Chile.

Como bien sabemos todos, la disputa marítima entre Bolivia y Chile es bastante añosa.
La solución más cercana a este conflicto estuvo en el año 1978, cuando ambas dictaduras, la de Hugo Banzer en Bolivia y la de Augusto Pinochet en Chile, pretendían hacer un “cambalache territorial”: un pasillo con salida al mar para Bolivia a cambio de un trozo de altiplano para Chile, ambos con soberanía incluida

El conciliador y definitivo tratado no prospero, esto no por que Bolivia o Chile hayan desistido de pactar, sino más bien por la negativa Peruana de firmar…
- Pero ¿Qué tiene que ver Perú en todo esto?
La respuesta es muy simple: Cualquier modificación a los límites chilenos, que afecte las fronteras peruanas debe ser también aceptada por Perú.
Si Chile decide modificar sus fronteras, Perú tendrá derecho a voz y voto, afirmando así el si quiere o no cambiar de vecino.
En su momento la respuesta fue negativa
- ¿Y negativa porque? si Perú y Bolivia son uña y mugre…

Respuesta simple también: Si Perú accede a perder la relación fronteriza con Chile, pierde también el derecho a pataleo por las añosas disputas de soberanía que mantiene. Para sus intereses territoriales esta no era y no es una solución conveniente.
Tomando en cuenta lo anterior y contextualizándolo con la coyuntura internacional actual, entregar un corredor marítimo a Bolivia SI es una solución; y vaya que es una buena solución!

Un tratado de esta envergadura le permite a Chile “matar dos pájaros de un solo tiro”: por un lado, Chávez y Morales podrán disfrutar de las tan anheladas “Playas Bolivianas” y por el otro lado, Perú dejaría de ser una piedra en el zapato en nuestra agenda bilateral.
- Entonces ¿Cual es el gran detalle para dar punto final a la discusión marítima Chile – Bolivia?
La ultima y no menos obvia respuesta tiene que ver con que los tres países en disputa territorial, como son Chile, Perú y Bolivia, están al corriente de lo anteriormente expuesto. Ahí radica el gran problema.
En conclusión, el plebiscito para dar salida al mar, propuesto por Longueira, así como cualquier otra alternativa de solución marítima para Bolivia, que involucre la modificación de las fronteras, es inviable, por lo menos mientras Perú no acepte que en la guerra, lo perdido, perdido está.

En 2006, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y el presidente Evo Morales acordaron una Agenda de 13 Puntos, en la que se incluyó la cuestión marítima.
Para Bolivia fue un momento trascendental, sin embargo, el avance quedó estancado con el gobierno chileno de Sebastián Piñera, quien aseguró, en reiteradas oportunidades estar abierto al diálogo, pero sin ceder ni un milímetro de su territorio.
Ante este retroceso, el gobierno de Evo Morales anunció acudir a tribunales internacionales sin dejar de lado el diálogo.

Historia de Puerto Rico
El orgullo de ser puertorriqueño, no español, surgió entre los criollos a mitad del siglo XVIII. Esto es evidente en las pinturas de José Campeche (1751-1809), nuestro primer pintor importante en ese tiempo, quien era hijo de un esclavo liberto y cuyas pinturas (una de las cuales se le atribuyó incorrectamente a Francisco de Goya en España) se exhibieron en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York en el 1988. De Campeche en adelante, la expresión de la identidad puertorriqueña se ha mostrado como una constante en nuestras artes visuales. 

Este sentido de nuestra diferencia de los españoles se reafirmó luego de la victoria contra los invasores británicos en el 1797. También llevó a los criollos a exigir reformas políticas, sociales y económicas al comienzo del siglo XIX. El sentimiento de puertorriqueñidad, que llevaba años en desarrollo, encontró su primera expresión en una institución pública en el 1809 cuando uno de sus representantes, el primer arzobispo puertorriqueño, Juan Alejo de Arizmendi, encomendó a Ramón Power y Giralt proteger los “derechos de nuestros compatriotas”.

El siglo XIX fue muy caótico en España y de cambios significativos en Puerto Rico. Comenzó con la invasión napoleónica a la Península Ibérica, situación que alentó las guerras de independencia y la pérdida de todas las posesiones españolas en el continente americano. Por ende, las expresiones abiertas de puertorriqueñidad se consideraban como subversivas por un gobierno que se esforzaba por mantener a la Isla libre del “contagio” revolucionario, especialmente del que provenía de la cercana Caracas, que era considerado como un foco de separatistas anti-españoles. 

En el Caribe, sólo Cuba y Puerto Rico permanecían bajo el dominio español a consecuencia del establecimiento de gobiernos represivos en cada Isla con la complicidad de las clases dominantes esclavistas. La inmigración de cientos de monarquistas que escapaban de Venezuela contribuyó al fortalecimiento del sector político conservador y pro-español en ambas islas.

Luego de la derrota de las fuerzas napoleónicas en el 1814, el nuevo rey de España decidió mantener a Puerto Rico leal y seguro a través de reformas económicas. Además, a raíz de la revolución haitiana, el miedo a las rebeliones de esclavos promovió esfuerzos para balancear las razas. La Real Cédula de Gracias del 1815 estimuló la inmigración de blancos católicos. Como resultado de esto, la demografía de Puerto Rico cambió, a la vez que cientos de franceses (mayormente criollos blancos de Haití, Luisiana, Guadalupe y Martinica), italianos e irlandeses, llegaron a la Isla con sus esclavos. También entraron muchos esclavos africanos mediante la trata libre. A mediados de siglo, una nueva ola de inmigrantes llegó de Córcega, Mallorca y Cataluña.

La Cédula de Gracias tuvo consecuencias económicas y sociales. Hubo un notable incremento en la producción agrícola de tres siembras comerciales: la caña de azúcar, el café (introducido a mediados del siglo XVIII y presto a convertirse en un producto importante de exportación hacia Europa), y el tabaco. El sistema de plantación fue adoptado extensamente y, con el aumento en la producción azucarera vino un incremento en la esclavitud africana, al igual que en el resto del Caribe.

Eventualmente, la creciente demanda por mano de obra y la dificultad en adquirir esclavos, dadas las restricciones en la trata, hizo que los terratenientes miraran hacia la población libre de la Isla, que excedía a la de los esclavos. Dichos terratenientes convencieron al gobierno de que estableciera un mecanismo que forzaba a los
campesinos sin tierras, que era la mayoría de la población, a trabajar como jornaleros. También tenían que cargar con unas libretas en las que los patronos anotaban datos sobre la conducta laboral de los jornaleros. Este sistema conocido como Régimen de la Libreta duró desde 1849 hasta 1873.

Para esta época, una élite criolla mayormente urbana había emergido y exigía participación en los asuntos de la Isla, exigencia que el gobierno español resistió y persiguió. Aquellos que tenían recursos o que recibían becas de donantes privados, iban a Europa a estudiar luego de graduarse del Seminario Conciliar en San Juan. Una generación de jóvenes estudiantes puertorriqueños en España,para el 1840, produjo los textos fundacionales de nuestra literatura y la figura emblemática del jíbaro, el campesino blanco de las montañas.

La abolición y el separatismo surgieron como los discursos contestatarios principales entre los criollos liberales. Los más extremistas fueron desterrados y aún en el exilio, el líder del movimiento independentista, Ramón Emeterio Betances (un médico educado en Francia) organizó la revuelta más seria contra el dominio español en Puerto Rico, el Grito de Lares en 1868. La revuelta fue sofocada en poco tiempo. El movimiento abolicionista tuvo mejor suerte y el 22 de marzo de 1873 se logró la Abolición de la Esclavitud bajo la Primera República Española.

Esta misma generación de criollos esbozó un proyecto liberal desde mediados del siglo XIX, en parte a causa de la crisis del azúcar que puso en evidencia la vulnerabilidad de la economía isleña. La nueva élite intelectual, residente mayormente en
Ponce y San Juan, buscaba progreso económico, social y cultural. Creó instituciones culturales como el Ateneo Puertorriqueño en 1876. Los periódicos aparecieron por doquier, dándole voz a las exigencias de cambio. Estos criollos estaban al tanto de las ideas progresistas (como la democracia de Estados Unidos, que ya era el segundo país más importante en términos comerciales en Puerto Rico) y de los eventos en otras partes del mundo que los influenciaron.

El modelo canadiense de gobierno autónomo inspiró un nuevo proyecto entre los intelectuales de la ciudad sureña de Ponce, dirigido por Román Baldorioty de Castro que resultó en la fundación del Partido Autonomista en el Teatro La Perla en el 1887. Ese mismo año surge uno de los movimientos más radicales en nuestra historia: la boicotizadora, influenciada por el Irish Land League

Esta sociedad secreta se comprometía a boicotear los comercios españoles y promover sólo los negocios puertorriqueños. El gobierno español respondió a esto con la persecución y tortura de los autonomistas ( los compontes), incluyendo el encarcelamiento de los líderes principales en El Morro. Los historiadores han llamado ese periodo como el “Año Terrible del ‘87”. Diez años después, el gobierno español finalmente concedió la Carta Autonómica presionado por Estados Unidos que amenazaba con intervenir en Cuba.

El gobierno autónomo que España concedió no duró mucho. En el 1898, cuando el nuevo gabinete fue inaugurado, el buque Maine explotó en la bahía de la Habana lo que provocó la Guerra Hispanoamericana. Ocho días después de que la legislatura se reuniera por vez primera, las tropas estadounidenses desembarcaron en Guánica, suceso que marcó el final del experimento español en cuanto a gobierno propio e inauguró el experimento colonial estadounidense. Aunque la Isla no había participado en la guerra, su adquisición se convirtió en parte de una nueva visión geopolítica de la hegemonía estadounidense en el Caribe. En diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París y España le cedió formalmente Puerto Rico a Estados Unidos. Los derechos civiles y el estatus político de los isleños sería determinado por el Congreso estadounidense. Después de más de un siglo, nuestro estatus político continúa en manos del Congreso.

El general invasor estadounidense Nelson A. Miles (quien fue responsable por terminar las Guerras Indias en Estados Unidos) sabía exactamente dónde desembarcar en Puerto Rico. Estaba bien informado sobre los sentimientos anti-españoles de la gente en la costa sur (quienes no habían perdonado los compontes del 87). Lo que llevó al desembarco sorpresivo y exitoso en la Bahía de Guánica, igual que al recibimiento entusiasta que los residentes de Ponce (baluarte de los criollos) y Yauco (baluarte de los corsos) les dieron a las tropas estadounidenses mientras el ejército español se retiraba hacia las montañas. La campaña militar fue rápida (los españoles sabían que ya habían perdido Cuba y, por ende, la guerra) aunque hubo algunas batallas hasta que el Armisticio se firmó un mes después del desembarco.

Lo que sucedió después sorprendió tanto a los liberales como a los separatistas en Puerto Rico que le habían dado la bienvenida – y hasta ayudado – a la invasión. Ellos veían a Estados Unidos como el gran país democrático que le daría a Puerto Rico, como había prometido Miles, “las bendiciones de la civilización”. Por el contrario, durante dos años los estadounidenses establecieron un gobierno militar. Cuando se estableció un gobierno civil en el 1900, a través de la Ley Foraker, aun escritores estadounidenses como Lyman Gould y William Tansill lo consideraron inferior a la Carta Autonómica concedida por la decadente monarquía española. 

En términos jurídicos, Puerto Rico quedó definido como un territorio no incorporado que “pertenecía pero no era parte” de Estados Unidos. El desencanto con este estatus político causó protestas abiertas que a su vez dieron vida a una nueva organización política, el Partido Unión en el 1904. Por primera vez en nuestra historia, la independencia se incluyó como una opción legal en el programa de un partido político. Los Unionistas se convirtieron en el partido dominante por veinte años, hasta que el surgimiento de un Partido Socialista sólido (que representaba a los trabajadores y era pro-estadidad) llevó a unas coaliciones y alianzas que prevalecieron hasta que el Partido Popular Democrático (PPD), (fundado por descendientes de Unionistas) se formó en el 1938.

Intervencion de la OEA en la Republica dominica, invasión norteamericana
El 29 de abril de 1965 el presidente Lindon B. Johnson ordenó la invasión a República Dominicana para impedir que Juan Bosch, intelectual progresista y nacionalista, reasumiera el gobierno en dicho país. La OEA respalda acción norteamericana a la República Dominicana, el 1 de mayo de 1965.

La X Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; se instaló en Washington, el 1 de mayo de 1965. Luego de una larga discusión, se aprobó la conversión de las fuerzas norteamericanas de invasión a República Dominicana, en fuerzas interamericanas. A pesar de la activa posición que había asumido el gobierno de Raúl Leoni en contra de la intervención estadounidense, la posición de la delegación venezolana en la Reunión se limitó a la abstención.

El presidente Lyndon Jhonson advirtió que no tolerará otra Cuba en el Caribe. Y más soldados desembarcan. Jhonson exhortó a sus aliados a que acompañaran esta Cruzada de Occidente. La dictadura militar del Brasil, la dictadura militar del Paraguay, la dictadura militar de Honduras, y la dictadura milita de Nicaragua envían tropas a la República Dominicana para salvar la democracia amenazada por el pueblo.

Caso Colombia / Nicaragua
1. Resumen del Caso:
El 6 de diciembre de 2001 Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, alegando la invalidez del Tratado de 1928, reclamando la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés y sobre esta base pidiendo a la Corte el trazado de una delimitación marítima entre los dos países. Desde entonces, el Gobierno y la Cancillería colombiana se han dado a la tarea de defender ante la Corte Internacional de Justicia los intereses nacionales y han coordinado la estrategia de defensa de los legítimos derechos de Colombia sobre el Archipiélago y sus respectivas áreas marítimas.

2. Posición de Colombia y Pretensión de Nicaragua:
La posición de Colombia:
La posición de Colombia ha sido que desde el inicio de su vida como nación independiente el país ha ejercido en forma pública, pacífica e ininterrumpida su soberanía y jurisdicción sobre el Archipiélago de San Andrés, incluyendo los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este Sudeste y todas las áreas marítimas que le corresponden.

Esta posición está sustentada en la historia y en el derecho, fundamentalmente en la norma de normas pacta sunt servanda, (los pactos son para cumplirse) principio fundamental del derecho internacional público.

La pretensión de Nicaragua:

Nicaragua pretende que la Corte le conceda unos territorios (islas, islotes, cayos) sobre los cuales no tiene ningún titulo histórico ni jurídico y sobre los que jamás ha ejercido ningún acto de señor y dueño. En cuanto a la delimitación marítima, Nicaragua plantea una infundada línea de delimitación extrema hacia el oriente, cerca a la costa continental de Colombia y basada en una supuesta extensión del margen exterior de su plataforma continental.