EMBARGO
RETENTIVO:
Que el artículo 663 del Código
de Trabajo, dispone que: "En el embargo retentivo, el tercero embargado
pagará en manos del ejecutante el importe de las condenaciones, a presentación
de sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Para tales fines, el
ejecutante se proveerá de una copia certificada por el tribunal que dictó la
sentencia";
Considerando, que al tenor de
esa disposición legal, para que el tercer embargado adquiera la obligación de
pagar el importe de las condenaciones, es necesario que el ejecutante le
presente copia certificada de la sentencia que se pretende ejecutar; que en la
especie, las sentencias que contenían condenaciones que dieron lugar al
procedimiento de ejecución son las números 020-99 y 021-99, dictadas por la
Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el día 6 de
septiembre del año 1999;
Que esas sentencias
adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, cuando la Suprema
Corte de Justicia declaró inadmisibles los recursos de casación intentados
contra ellas y como tales eran las causantes de la ejecución iniciada contra la
Corporación de Empresas Estatales y en consecuencia las que debieron ser
presentadas en forma certificada a la recurrida para que diera cumplimiento a
las disposiciones del referido artículo 663 del Código de Trabajo;
Que para sostener los vicios
atribuidos a la sentencia impugnada, la recurrente alega que el Tribunal a-quo
no tomó en cuenta los actos de notificación de copias certificadas de las
sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia, lo que no bastaba a los
fines de comprometer la responsabilidad de la recurrida, en vista de que no
eran estas las sentencias objeto de la ejecución de que se trata;
Que contrario a lo expresado
por el recurrente la ordenanza impugnada identifica las sentencias cuyas copias
certificadas debió presentar éste a la recurrida, al precisar en su dispositivo
que estas eran las dictadas por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del
Distrito Nacional, las que en ningún momento el recurrente ha afirmado haber
presentado a la recurrida;
15 de noviembre del 2000, No.
12, B. J. No. 1080, páginas 659-660.
EMBARGO
RETENTIVO U
Que contrariamente al criterio
sustentado por la Corte a-qua, en la sentencia impugnada, y de conformidad con
las normas jurídicas que rigen el embargo retentivo, cuando esta medida
ejecutoria es realizada con permiso del juez competente por ausencia de título,
la ordenanza dictada en tal sentido, solamente tiene por objeto reemplazar el
título a favor del acreedor, pero ningún texto legal establece que dicho
acreedor este ligado a la designación del tercero embargo, aún en caso de que
éste haya sido señalado en la instancia de solicitud de autorización para
embargar...
Sentencia No. 20, 22-03-91, B.
J. No. 962-964, página 278.
EMBARGO
RETENTIVO U OPOSICION SOBRE ACCIONES DE SOCIEDAD DE COMERCIO. ACCIONES
TRANSFERIADAS PREVIAMENTE. EFECTOS:
Que en los aspectos primero,
segundo y tercero de su primer medio y el primer aspecto de su segundo medio
que se reúnen para su fallo y analizan de manera prioritaria por convenir a la
mejor solución del caso, la recurrente alega, en síntesis, que la Corte a-quo
violó las disposiciones de los artículos 577 y 569 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil cuando atribuye la condición de acreedor de la recurrente,
de un crédito cierto, liquido y exigible, a R. S. T. E., como accionista de la
compañía recurrente, por lo que la parte recurrida embargó retentivamente, en
manos de la recurrente, las sumas o valores que ésta adeuda a dicho accionista;
que la recurrente no es deudora del señor Travieso Eduardo, ni detenta ninguna
suma o valores, por concepto de préstamos, hipoteca, o cualquier otro concepto;
que el patrimonio social de una compañía por acciones no es patrimonio personal
de uno de sus socios; que la alegada nulidad del traspaso de las acciones de la
compañía, no determina la existencia de un crédito cierto, liquido y exigible
del señor T. E.; que la circunstancia de que la recurrida sea titular de un
derecho frente a dicho señor, no justifica la no-sinceridad de la declaración
afirmativa prestada por la recurrente, ya que ésta no detenta ninguna suma
perteneciente a dicho embargado; alega asimismo el recurrente, que el tercer
embargado, en virtud del artículo 569 del Código de Procedimiento Civil, solo
está obligado a expedir una constancia, si se debiere algún valor al embargado,
con la indicación de la suma debida, si fuere líquida, cuando dicha constancia
le sea requerida por el embargante, siempre que exista título auténtico o
sentencia que declare la validez del embargo, lo que no ocurrió en el caso; que
el embargado transfirió sus acciones en la compañía recurrente, mas de siete
años antes de producirse el embargo, y nunca tuvo créditos por concepto de
dividendos de acciones; que la sentencia impugnada contradice el propio
criterio del tribunal en el sentido de que su sentencia preparatoria del 30 de
septiembre de 1997, se atribuye importancia en la litis, a la presentación del
libro de acciones de la compañía, mientras que en la sentencia ahora impugnada
se dice lo contrario, al afirmarse que el libro depositado en el tribunal el 17
de octubre de 1997, carece de valor, pues solo se utiliza para ostentar la
calidad de accionista en los certificados de acciones y anotar los traspasos de
las mismas; que la desnaturalizan de los hechos y documentos, la falta de
motivos y de base legal es clara, ya que de acuerdo con el artículo 529 del
Código Civil, las compañías por acciones tienen una personalidad distinta de la
de sus accionistas; que una cosa es la acción, parte del patrimonio social, y
otra, un crédito personal o patrimonio del accionista; que la sentencia
impugnada confunde el capital social de la compañía por acciones con una
alegada deuda personal de un ex-accionista supuestamente en manos de la
recurrente; que, al considerar nulo el traspaso de acciones y que el embargado
Travieso Eduardo es acreedor de la recurrente, la sentencia impugnada violó los
artículos 529 del Código CiviI y 569 y 577 del Código de Procedimiento Civil;
que, por otra parte, no se ha probado que las acciones produjeron dividendos,
ni que se trata de un crédito cierto, líquido y exigible, por cuya razón la
sentencia recurrida violó el artículo 1315 del Código Civil; alega por otra
parte la recurrente, que la Corte a-quo, al referirse a la certificación del
1.5 de julio de 1988, expedida por H. M., miembro del Consejo de Directores de
la compañía recurrente y el traspaso del certificado de acciones No. de fecha
posterior, o sea el 28 de diciembre de 1988, que no pondera, que el titular de
dicha acción vendió a J. A. M., el lo de marzo de 1988 el inmueble que, en
virtud de un acuerdo posterior a la venta, el accionista T. E. aceptó traspasar
los derechos sobre dicho inmueble como aportación en naturale, za en la
compañía recurrente, entonces en formación, y es cuando la citada certificación
se expide a solicitud de T.; que, por eso, éste firma posteriormente el
certificado y traspaso de las acciones; que, de haber ponderado tales hechos,
otro hubiera sido el fallo de la Corte a-quo; que dicha Corte interpretó restrictivamente
el artículo 36 del Código de Comercio, contrariamente a lo establecido por la
jurisprudencia francesa, que otorgan una interpretación más amplia a dicha
disposición; que en este sentido, la transferencia de las acciones del señor T.
E. mediante un documento adscrito o grapado al libro registro de acciones, y
legalizado por un notario público, debió haberse tenido en cuenta por la Corte
a-quo, y declarar sincera la declaración afirmativa hecha por la recurrente,
admitiendo la validez de la transferencia de acciones mencionada; que tampoco
ponderó los hechos y documentos que demuestran la venta de un inmueble
propiedad del embargado a favor de J. A. M. P., y el acuerdo posterior de
vendedor y comprador de llenar los trámites para que el inmueble vendido fuera
aportado en naturaleza por el vendedor a la compañía recurrente, atribuyéndole
4,750 acciones; que como consecuencia de dicho aporte en naturaleza, fue
expedido el 27 de enero de 1989, el certificado de título No. 89-95 a favor de
la recurrente, que ampara el inmueble vendido (solar No. 10 de la manzana No.
2378, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional y sus mejoras);
Que la Corte a-quo, expresa,
en relación con la validez del traspaso de acciones emitidas por la actual
recurrente a favor de T. E., que fueran objeto delembargo retentivo en manos de
ésta, que ha comprobado, por la documentación que figura depositada en el
expediente, que tal como lo alega la apelante, en el registro de traspaso de
acciones, no figura anotado el traspaso de 4,750 acciones emitidas a R. S. T.
E.; que todas sus páginas, salvo la primera, donde el Secretario hizo las
anotaciones de lugar, figuran en blanco; que la declaración de traspaso del
citado accionista figura en un acto separado, grapada, no anotada en el libro
citado; que es en ese libro, donde pueden hacerse las anotaciones relativas al
traspaso de acciones, no grapando documentos como lo pretende la entonces
intimada; que el libro depositado por la hoy recurrente, marcado con el No. 6
bis, se utiliza únicamente para ostentar la propiedad de los certificados de
acciones, no para anotar los traspasos de éstas, por lo que dicho documento
carece de valor probatorio respecto del traspaso de las acciones de que se
trata; que el certificado No. depositado en la Corte a-quo por 4,750 acciones,
así como el libro de acciones de la recurrente, no tienen fechas ni
indicaciones en la parte relativa a la transferencia; que el libro que la
actual recurrente depositó en primera jurisdicción, marcado con el número 3, del
inventario, es el libro registro de traspasos de acciones en el que no hay
ninguna anotación de traspaso, y no el depositado en la Corte a-quo, según
consta en el expediente; que el artículo 12 de los estatutos de la recurrente
dispone que la cesión o traspaso en propiedad de las acciones nominativas se
efectúa mediante una declaración en el libro registro destinado a esos fines,
que deberá ser firmado por el cedente o su apoderado; que el certificado cedido
será cancelado y depositado en los archivos de la compañía y sustituido por uno
o varios nuevos certificados expedidos a favor del cesionario, debiendo constar
esta sustitución en el libro talonario de acciones; que dichos estatutos
establecen además, que en caso de venta de acciones, el accionista deberá
participar su intención a la compañía, teniendo los demás accionistas, en el
plazo indicado en dicha disposición estatutaria, el derecho de adquirir la
totalidad o parte de las acciones ofrecidas en venta; que únicamente después de
cumplidas estas formalidades, el vendedor tendrá libertad para vender las
acciones a quien desee comprarlas, si ninguno de los accionistas manifiesta su
deseo de adquirirlas;
Que consta por otra parte en
la sentencia impugnada, que en virtud de un embargo retentivo u oposición
practicado por la recurrida el 24 de julio de 1995 en manos de la recurrente,
en perjuicio de R. S. T. E., accionista de dicha recurrente, se procedió a embargar
retentivamente cualesquiera sumas de dinero, incluyendo las 4,750 acciones
atribuidas al embargado, así como los beneficios que las mismas produzcan, y
otros valores que, en cualquier calidad dicha compañía deba pagar o entregar al
embargado; que previa citación, el tercero embargado procedió a efectuar la
declaración afirmativa prevista en los artículos 568 y 570 a 572 del Código de
Procedimiento Civil afirmando, al efecto, que la compañía Grupo M. B., S. A.,
no es deudora de R. S. T. E., ya que éste no es accionista de dicha entidad
desde el 28 de diciembre de 3988, por haber traspasado la totalidad de sus
acciones, ni existen dividendos pendientes a su favor; que en apoyo de su
declaración depositó el acto de traspaso de las acciones citadas, de la misma
fecha, y el poder a favor de la Dra. C. C. D., que la autoriza a efectuar dicha
declaración; que, surgida una controversia respecto de la indicada declaración
de parte del tercero embargado, en los términos expresados precedentemente, la
Corte a-quo revocó la sentencia dictada en primera jurisdicción, por considerar
no sincera la declaración negativa del tercero embargado, aunque válida en la
forma, declarando a ésta deudor puro y simple de las causas del embargo
fundamentándose principalmente, en la irregularidad del traspaso o cesión de
las acciones del embargado por inobservancia de las disposiciones del artículo
36 del Código de Comercio y 12 y 33 de los Estatutos Sociales de la recurrente,
tercer embargado;
Que de acuerdo con el artículo
36 del Código de Comercio, ningún acto jurídico relacionado con la acción
nominativa surtirá
efectos respecto a los
terceros, y de la sociedad, sino cuando se inscribe en el registro
correspondiente; que en este caso, la cesión se efectúa mediante una declaración
de traspaso inscrita en los registros y firmada por el que haga la
transferencia o por su apoderado;
Que la transmisión de las
acciones nominativas es perfecta entre las partes por su solo consentimiento,
no es así respecto de la sociedad y los terceros, o sea, de aquellos que no
habiendo participado en la trasmisión, reivindican sus derechos sobre el
título, entre los que pueden citarse los cesionarios posteriores y los
acreedores; de aquí que el transferimiento hecho regularmente de las acciones,
hace prueba de su cesión la que en principio, no podría ser destruida más que
por la prueba contraria escrita, o, de acuerdo con el derecho común, por un
principio de prueba por escrito, fortalecido por presunciones; que, en el caso
de la especie, existe un documento suscrito el 28 de diciembre de 1998, por R.
S. .T. E., legalizado por la Lic. O. M. S., Notario Público, mediante el cual
éste, en su condición de accionista de la recurrente, traspasa en favor de H.
M.B., H. M., B., H. M. B., y M. E., también accionistas, todas sus acciones en
el Grupo M. B., S. A., el cual figura grapado o anexado al libro de
inscripciones de transferencias de acciones; que, el espacio impreso al dorso
del certificado de acciones No. 1, destinado a las transferencias, fue firmado
por el accionista cedente, con indicación de sus beneficiarios; que,
independientemente de la documentación señalada, constitutiva de un principio
de prueba por escrito respecto de la cesión del señalado certificado de
acciones, existen otros documentos, hechos y circunstancias que por su
naturaleza hacen presumir la veracidad del traspaso de las acciones citadas,
como lo es la venta del citado inmueble a favor de J. A. M. P. otorgada por el
señor T. E., su posterior aporte en naturaleza a la compañía recurrente, en la
que figuran como accionistas, familiares del comprador, M.P. y consiguiente
atribución en acciones a favor del vendedor y aportante, señor T. E., lo que
constituye un uso frecuente, con el propósito de obviar gastos de transferencia
inmobiliarias y posterior cesión de las referidas acciones a favor de la
mayoría de accionistas de la compañía, según se ha expresado; Que si
ciertamente el tercero embargado deja de ser simple testigo para convertirse en
parte, por el hecho de que su declaración sea controvertida, éste puede
expresar, como es el caso, que no es deudor del embargado, enunciando las
causas de su liberación o el motivo por el cual no es deudor, sin que sea
necesario, por aplicación del artículo 1328 del Código Civil, que deba presentar
documentación auténtica o que haya adquirido fecha cierta, por los
inconvenientes que presentaría en la práctica, el hecho de obligar a cualquier
persona, en previsión de posibles embargos retentivos, a que se haga expedir
recibos notariales o deba registrar los recibos bajo firma privada en los
documentos de descargos a su favor; que dicha declaración de carácter negativo
efectuada por la recurrente, cumple con la disposición del artículo 577 del
Código de Procedimiento Civil, en cuya virtud, será declarado deudor puro y
simple de las causas del embargo, el tercero embargado que no hiciera su
declaración, o no la acompañare de los documentos justificativos, lo que no
ocurrió en la especie; que la disposición del artículo 577 del Código de
Procedimiento Civil establece una sanción constitutiva de una verdadera pena
contra el tercero embargado y debe, en tal virtrud, ser interpretada
restrictivamente, como todas las que pronuncian una pena; de aquí que el
tercero embargado no incurre en dicha sanción en los casos en que haya hecho la
declaración que requiere la ley, o que en la misma incurra en el empleo de
inexactitudes, salvo que dicha declaración provenga de un fraude, mala fe o
simulación, que en la especie, no fue justificado en la sentencia impugnada;
Que, sí como ha sido apreciado
,por esta Suprema Corte de Justicia, es válida legalmente la cesión o traspaso
de las acciones de T. E., la Corte a-quo incurrió en el vicio de
desnaturalización de los hechos y documentos de la causa, por haber desconocido
su sentido claro y evidente; y por otra parte, no ha dado motivos suficientes y
pertinentes que prueben el fraude, mala fe o simulación justificativos de la
no-sinceridad de declaración negativa prestada por la recurrente, en su
condición de tercero embargado, lo que no ha permitido a la Suprema Corte de
Justicia, como corte de casación determinar si, en el presente caso, se ha
hecho una correcta aplicación de la ley;
Sentencia del 10 de enero del
2001, No. 7, B. J. No. 1082, páginas 134-140.
